El Presidente del Consejo General de Agentes Comerciales de España (CGAC), Francisco Manuel Maestre, ha calificado de “necesarias y justificadas” las medidas y recomendaciones sanitarias que se están aprobando desde las administraciones central y autonómicas para ayudar a frenar el contagio exponencial de la pandemia de COVID19 en nuestro país, pero considera “insuficientes para los Agentes Comerciales de España y para los trabajadores autónomos en general” las medidas de choque de carácter económico aprobadas ayer de forma extraordinaria por el Consejo de Ministros del Gobierno de la nación.
El Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España cumple y anima al estricto cumplimiento por una cuestión de “responsabilidad cívica en esta situación de emergencia” de todas las recomendaciones sanitarias de las autoridades públicas, suspendiendo todas las reuniones presenciales en la sede de la institución en Madrid, limitando los desplazamientos innecesarios y fomentando el teletrabajo en los casos en que sea posible.
El Presidente del CGAC, Corporación de Derecho Pública que ostenta la representación de más de 20.000 Agentes Comerciales Colegiados en nuestro país, ha trasladado de nuevo a todas las organizaciones representativas de autónomos, a la CEOE, a Cepyme y al Gobierno de España a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo la necesidad de poner en marcha nuevas medidas urgentes reales y efectivas para paliar los efectos económicos de esta emergencia en todos aquellos Agentes Comerciales que se vean afectados.
“Las medidas aprobadas son un primer paso pero son insuficientes para los autónomos en general y en particular para nuestro colectivo”, ha valorado el Presidente, que ha solicitado al Gobierno y a las organizaciones que se tenga en cuenta la “especificidad de los Agentes Comerciales”, una profesión que por sus propias características y su mecánica de trabajo en la intermediación personal entre comercios y fabricantes, puede verse seriamente afectada en esta situación.
Por ello, Francisco Manuel Maestre ha vuelto a reclamar medidas reales como una prestación temporal por cese de actividad que sea real y efectiva para todos aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad de manera temporal debido a esta pandemia, uniéndose a organizaciones como ATA en este planteamiento.
Igualmente, ha solicitado que se de un paso más allá del aplazamiento de impuestos y cuotas ya aprobado, y se contemple en estos casos especiales seriamente afectados por la situación la exención o bonificación de los pagos de la Seguridad Social y la extensión de la tarifa plana en las cuotas de la Seguridad Social para todos los afectados por la reducción o el cese de su actividad económica.
Paralelamente, como se ha anunciado, el Consejo General está trabajando de la mano de los principales partners y entidades colaboradoras de esta institución para establecer medidas paliativas de apoyo que ayuden a mitigar dicho impacto en la economía de los Agentes Comerciales de España que se anunciarán en los próximos días.
Al mismo tiempo, el Consejo General ha activado un Plan de Continuidad que permitirá a la Corporación continuar prestando en todo momento atención y servicios a los Colegios y Colegiados de toda España de manera telemática.
Al mismo tiempo, recomienda a los Colegios de toda España y muy especialmente en las zonas denominadas de transmisión significativa -Comunidad de Madrid, La Rioja y Álava- que durante los próximos 15 días, y salvo en casos de estricta necesidad, suspendan las reuniones presenciales, así como limiten los desplazamientos innecesarios y fomenten, en los casos en que sea posible y muy especialmente en las zonas de riesgo, el teletrabajo.
“Es una situación excepcional que exige medidas excepcionales”, ha subrayado el Presidente de los Agentes Comerciales de España, que ha recalcado que “somos responsables y es nuestra obligación contribuir a la detención de la pandemia, pero necesitamos al mismo tiempo que el impacto económico de esta emergencia en los autónomos y los Agentes Comerciales se tenga en cuenta por parte de las administraciones, o el daño a la economía española será mucho mayor”.