La aprobación de este Real Decreto, supone dar voz en las políticas públicas que afectan a los trabajadores autónomos a aquellas organizaciones más representativas. Este Real Decreto pretende cumplir el mandato de desarrollo normativo contenido en el Estatuto del Trabajo Autónomo en dos puntos concretos: medir la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, así como, la regulación y composición del Consejo de Trabajo autónomo como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo.
Se da así un paso importante en el desarrollo del Estatuto al reconocer derechos fundamentales de más de tres millones de trabajadores, ya que el 90% de los empresarios son pequeñas empresas y autónomos.